Internet de alta velocidad en la provincia

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Miguel Ángel Miguel Andrés. M&M Difusión. Soria.

Junta y diputaciones destinarán 30 millones de euros para llevar internet de alta velocidad allí donde no llegan las operadoras.

Ayer se producía la firma de este convenio entre las Diputaciones y la Junta para proveer de un servicio tan necesario en las zonas rurales. El año pasado ya me hacía consciente de esta problemática, las operadoras tomaban sus medidas y hacían sus estudios y llevaban cable de fibra óptica, si, pero este no llegaría a todos los municipios.

Desde el ejecutivo central ni desde el ejecutivo de la propia Junta, se ha buscado el modo de presionar a las operadoras por ley para dar un servicio al que tendrían que estar obligadas, compensando el gasto que asumen en zonas menos pobladas, con las ganancias que obtienen en zonas más densamente pobladas.

En la provincia de Soria tenemos como ejemplo el pueblo de Ucero, un pueblo por el que pasan al cabo del año más de 300.000 turistas camino de ver el Cañón del Río Lobos. Bien, este pueblo cuenta con una población en invierno inferior a 100 habitantes. Hace más de un año, MOVISTAR, decidió no dar cobertura a este pueblo, porque la rentabilidad del gasto que le suponía el alquiler de la antena en función del beneficio no le era rentable.

Sin embargo, telefónica, si ha conseguido dar sus pasos para realizar la acometida de fibra y que llegue a este pueblo, dotando a la población de internet de alta velocidad, en función de la presión política para conseguir que las zonas rurales dispongan de un servicio del siglo XXI.

Mi postura personal es clara, desde mi lugar no veo justo que las operadoras no costeen el total de la inversión, recibiendo como reciben en determinadas ocasiones un trato preferencial. Mi postura es clara, no gastar dinero público y obligar por ley a las operadoras a realizar la acometida de estas infraestructuras, máxime cuando están dejando zonas rurales a ciegas en la cobertura móvil, claro que yo puedo estar equivocado o ver las cosas de un modo impropio. Queda para cual tener una opinión muy suya.

Ayer, «el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales han suscrito, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, dos importantes protocolos de colaboración que inciden en dos líneas prioritarias en el mundo rural: Internet y el acceso a la vivienda.

Por un lado, las administraciones autonómica y provinciales han rubricado un acuerdo para destinar 30 millones de euros —cofinanciados al 50%—  para llevar internet de banda ancha de alta velocidad, tanto fija como móvil, a aquellas áreas donde no llegan las operadoras.»

¿Por qué no llegan? Porque por ley no están ahora mismo obligadas a proveer de un servicio en zonas determinadas.

Ayer, «Fernández Mañueco ha asegurado que la extensión de internet de alta velocidad a todo el territorio es básica para el desarrollo rural, para la modernización de la Comunidad y para poder impulsar la transformación digital. “Cerrar la brecha digital aumentará la igualdad de oportunidades”, ha añadido el presidente, quien ha señalado que este proyecto facilitará el emprendimiento y abrirá nuevas posibilidades a las empresas; permitirá incrementar el teletrabajo y que haya más personas que puedan vivir en su pueblo aunque su puesto de trabajo esté asentado en una ciudad; y multiplicará las opciones de ocio y entretenimiento.»

Y digo yo, si es básico, ¿por qué no se regula por ley la cobertura de las operadoras?

Continuaba exponiendo Mañueco. «Esta medida facilitará también la integración, la eliminación de barreras, la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el progreso de la Comunidad “porque hoy la transformación digital ya no es una posibilidad o una opción; es una necesidad irrenunciable”, según ha apostillado el presidente.

A esta inversión se sumará la que realiza la Junta de Castilla y León en colaboración con el Gobierno de España. Son 19,5 millones de euros convocados el 16 de julio para desplegar redes en zonas sin cobertura.»

Y aquí es donde tenemos que el Gobierno acepta no regular las comunicaciones via ley orgánica y sí, disponer del erario público para sufragar el coste de que todos tengamos internet de alta velocidad, cuando el servicio que permiten estas nuevas infraestructuras pagadas con el dinero público, incidirá en un beneficio para las operadoras, por los contratos que se creen en esas zonas rurales, un beneficio que sea bajo o alto, será neto, cuando ellas no han acometido las obras de instalación de la infraestructura de red.

Por otra parte, en el mismo acuerdo, el Presidente de la Junta nos informaba de las acciones para impulsar el acceso a la vivienda y la repoblación de las zonas rurales.

«En cuanto al segundo de los protocolos firmado, impulsa la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en desuso en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social.

Las diputaciones provinciales se adhieren así al programa Rehabitare para desarrollar un total de 82 actuaciones, con un presupuesto que alcanza los 4,26 millones de euros —confinando al 50% entre la Junta y las administraciones provinciales—.

Este programa, en palabras de Fernández Mañueco, tiene un carácter social, facilitando una vivienda a quien más lo necesita, especialmente a los jóvenes; fijando y recuperando población en el medio rural, de forma colaborativa y eficiente; aprovechando el patrimonio inmobiliario en desuso de los pueblos, y contribuyendo a enriquecer el parque inmobiliario en el medio rural, y a la generación de actividad económica en dicho medio, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan.

La Junta, por su parte, acometerá la programación ordinaria de Rehabitare, que prevé invertir algo más de 10 millones de euros y rehabilitar más de 200 viviendas. Con la suma de este programa y el que surge de la implicación de las diputaciones la inversión superará los 14 millones de euros y las viviendas que se rehabilitarán serán unas 300.

Programa Rehabitare

El Programa Rehabitare se inició como plan piloto en Palencia en 2009, que actuó en 17 viviendas, de titularidad municipal, en 5 municipios con una inversión de 1,2 millones de euros, siendo suprimido por la crisis económica. y en 2017 los convenios se amplían a otras instituciones, municipios y Obispados.

En la actualidad los convenios suscritos con ayuntamientos y obispados totalizan una inversión de la Junta en una legislatura superior a 11 millones de euros para la recuperación de 246 viviendas en el medio rural (225 de ayuntamientos y 21 de obispados)

3.000 viviendas de alquiler social esta legislatura en Castilla y León

Desde el inicio de la pasada legislatura el parque público de viviendas de alquiler social se ha incrementado en un 85,54%, pasando de 1.162 a 2.156 viviendas en la actualidad, de las cuales 1.623 son propiedad de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León seguirá trabajando para aumentar para facilitar el acceso la vivienda con el objetivo de llegar hasta las 3.000 en esta legislatura.»

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