Una Comunidad Autonóma no puede limitar los derechos fundamentales

derechos fundamentales CCAA
Miguel Ángel Miguel Andrés. M&M Difusión. Soria.

«Desde una Comunidad Autónoma no se puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de alarma».

Concluye el juez Villagómez.

Este magistrado ha rechazado que entren en vigor en la Comunidad de Madrid las últimas medidas que se habían acordado contra la COVID-19, como la prohibición de fumar si no se respetan los dos metros de distancia y el cierre del ocio nocturno.

Mientras que juzgados territoriales, TSJ o hace unas horas la Audiencia Nacional han avalado restricciones en bares, restaurantes, hoteles y locales de ocio nocturno para evitar la propagación de la covid-19, este juez pone a las cosas su nombre y a cada órgano de Gobierno su rol y su potestad.

El juez es muy consciente del momento que vivimos, pero alega que «desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de alarma».

Unas medidas consensuadas entre el ministro de Sanidad y todas las Comunidades Autónomas como medio de evitar la propagación del COVID 19. Medidas que este juzgado de lo contencioso-administrativo, no encuentra que sean constituyentes, y así, deniega la orden sanitaria sobre restricciones en bares, restaurantes, ocio nocturno e, incluso la prohibición de fumar en la vía pública sin distancia de seguridad.

La decisión del juez puede ser recurrida, cabe recurso.

Una Comunidad Autonóma no puede limitar los derechos fundamentales 1

El juez no dice en ningún momento que fumar sea un derecho fundamental, sino que las medidas que se están tomando (cierre de locales a la 1, comer el transportes públicos, fumar en la calle) solo pueden hacerse desde el estado de alarma.

Es curioso porque el Gobierno esta delegando unas competencias en las Comunidades Autonómas, para eximirse de su posible responsabilidad en la lucha contra el COV ID 19 y, al menos un juez ha servido de vehículo, para que dentro de esta situación, el Gobierno tenga claro que una privación de los derechos fundamentales, se regula desde un Estado de Alarma, y desde ese momento, los órganos jurídicos tienen competencias para limitar los derechos y libertades.

Estamos en una situación comprometida, porque recientemente otro colegiado, decreto el confinamiento de Aranda de Duero, y, al parecer, los jueces no se ponen de acuerdo, entre lo que es paliativo por conducta para evitar la expansión del COVID 19 y lo que corresponde a derecho en cuanto a la legalidad vigente en función del NO Estado de Alarma actual.

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